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El desafío de la nueva normalidad

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por Lucila De Ponti – Diputada Provincial (Santa Fe)

Que la pandemia nos movió el piso nadie lo puede negar. La realidad quedo expuesta en muchos aspectos pero esencialmente en cuanto a las profundas brechas de desigualdad que atraviesan nuestra humanidad de punta a punta. Desigualdades -consolidadas por la hegemonía neoliberal- que están en la base de nuestras sociedades, de nuestras economías, de las estructuras que definen nuestras vidas -el trabajo, las condiciones de vida, los ingresos, el acceso a la tecnología y a la conectividad-. Y si es que vamos hacia una nueva normalidad, ¿qué elementos son los que van a hacerla diferente de la vieja normalidad? ¿Será tan solo el hecho de pasar más tiempo en casa, de tener reuniones por Zoom y usar alcohol en gel compulsivamente? ¿Van a ser tan solo esos cambios en las costumbres cotidianas, en la organización del tiempo y en la administración de los vínculos las marcas que nos deje este hecho social que afecta por primera vez en la historia a toda la humanidad al mismo tiempo en todas las geografías? Ni que Durkheim lo hubiera planeado para explicar un tipo ideal. Obviamente la respuesta a esta última pregunta es negativa. Sin embargo, mucho más interesante es pensar cómo respondemos a la primera: ¿qué hace diferentes a la nueva y a la vieja normalidad? Lo más interesante es que la respuesta no existe, todavía.      

A nadie escapa que la reconversión permanente del capitalismo a nivel global ha estado orientada por el aumento incesante en los niveles de productividad, en la tasa de ganancias y en la concentración de la riqueza, siendo la otra cara de estos procesos la configuración de modelos de organización de la producción y el trabajo  de carácter restrictivos, orientados a la minimización de costos en pos de la maximización de la renta, con salarios bajos y formas laborales precarias y flexibilizadas, cristalizando un aumento incesante en los niveles de desigualdad.

¿Podrá pensarse una nueva normalidad sin tener en cuenta que 4 millones de personas en Argentina viven en condiciones de precariedad extrema, en viviendas de mala calidad, sin acceso al agua, ni a la energía eléctrica, ni al gas, ni a una gestión de sanidad ambiental mínimamente aceptable? ¿Se puede pensar una nueva normalidad sin tener presente que hay al menos un 10% de la población de Santa Fe que no pudo hacer la cuarentena porque sus condiciones de hábitat no se lo permitieron? Recordemos, sin ir más lejos, que se construyó la consigna de “cuarentena barrial” para que las personas que viven con esas limitaciones fueran sujetos de una narrativa estatal y de una política sanitaria que las incluyera y les planteara un objetivo posible en términos de sus realidades habitacionales. Sin dudas en la transformación de esta brecha hay un desafío, o un imperativo, según desde donde se elija mirarlo.

La otra dimensión central de las desigualdades estructurales es la del trabajo y el ingreso, la de las posiciones en la estructura económica. Desde hace décadas asistimos a una tendencia de largo plazo en el estrechamiento de la sociedad salarial, ese tipo de configuración social en la cual el salario es la relación laboral dominante, entendiendo al empleo asalariado en el sentido de representar el tipo de inscripción que garantiza la estabilidad de largo plazo y los derechos extendidos de la protección social. Es cada vez más grande el porcentaje de la población que genera ingresos a través de prácticas laborales que no se inscriben (o se inscriben débilmente en una relación salarial) que, de nuevo, es importante porque es esta inscripción salarial formal lo que habilita la estabilidad de largo plazo y el acceso a todos los derechos laborales y sociales que al ser conquistados nos permitieron tener una sociedad más justa. Por ejemplo, del total de la población económicamente activa de la provincia de Santa Fe solo la mitad son trabajadores empleados, aproximadamente unas 790.000 personas. Un número un poco menor pero casi equivalente son trabajadores con otro tipo de relación laboral formal o con ninguna. Muestra de ellos son los más de 600.000 hogares que recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia.

¿En todos los casos sus ingresos son insuficientes y sus condiciones de vida altamente precarizadas? No, muchos son empleadores, autónomos o monotributistas de las categorías más altas, que obviamente no calificaban para el IFE. Sin embargo, si bien sus ingresos y su capital puede estar consolidado, la inactividad económica que proponía la situación inicial de ASPO también hizo temblar sus certezas. No obstante debemos decir que al dinamizarse el proceso económico la situación particular de estas personas en seguida se acomoda.

Más allá de estas excepciones lo interesante del IFE fue que se encontraron allí situaciones diversas que en general no suelen agruparse, pero que tienen en común su débil o nula inscripción institucional al sistema de derechos laborales. Se encontraron allí una mujer que trabaja en su casa, cuida a sus hijos y recibe la AUH, una instructora de yoga, una joven con un emprendimiento textil, una estudiante de diseño gráfico que trabaja de moza sin contrato, el dueño de un pequeño taller de estampado, un profesor de guitarra y sigue la lista. El sector de los que “viven al día”. Un montón de formas distintas de trabajo que no es empleo, y que entonces tampoco es digno o decente en los términos en los que la OIT define al trabajo decente: aquel que garantiza el acceso a derechos y a un ingreso digno.

Entonces, si bien estas formas del trabajo comparten la falta de acceso a los derechos laborales, hay otros aspectos que los diferencian: muchas de estas personas obtienen ingresos  que no son tan débiles, ni sus condiciones de vida son tan precarias como para autopercibirse parte de los sectores populares, aunque sean ellos mismos los responsables de costear sus derechos laborales, principalmente la seguridad social y la salud. Aun así, las peores proyecciones que hablan de una recesión económica sostenida por algún tiempo y de una consecuente aceleración en la profundización de la brecha de desigualdad, ubican en este segmento a las familias que pasaran a engrosar los niveles de pobreza.

Para otros la situación es más compleja. Como dijimos la crisis sostenida de la sociedad salarial ha puesto a una enorme porción de las poblaciones por fuera del acceso al empleo formal. Esta etapa del capitalismo -financiarizado, trasnacional, monopólico, de las economías digitales, el trabajo flexible y el desempleo sostenido- representa una reconfiguración de carácter permanente en los sectores del trabajo. Sin embargo, la exclusión que millones de personas a nivel global experimentan con respecto a la relación salarial formal no significa que esto los ubique “por fuera” de la sociedad, sino que cristaliza al interior de la misma una posición subalterna inscripta en nuevas jerarquías en el marco de un orden social altamente desigual.

Forman parte de este universo los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, cuyos ingresos y condiciones de vida son extremadamente precarios y que definen en gran parte la cuestión social fundamental del siglo XXI. Son a su vez quienes vienen instalando con más fuerza, merced a su potente organización y movilización, el debate fundamental del enorme descarte que implica el proceso de bifurcación de los conceptos de trabajo y empleo para grandes sectores de la población. Hablamos de una condición antes que de una elección en la configuración de un sujeto social, no es cierto que el pobre es pobre porque quiere, creerlo es negar la historia y caer en la trampa de la principal operación cultural del neoliberalismo que busca responsabilizar al individuo por su propia protección social y por los costos de la misma, así como por su posición relativa en la jerarquía social. Decimos entonces que el concepto de economía popular refiere a quienes, excluidos de la relación salarial formal, decidieron, sin más opción, inventarse su propio trabajo. Por tanto, es efecto y resultado de las sucesivas reconfiguraciones del modelo capitalista y de las consecuentes transformaciones que estas dinámicas económicas produjeron en la estructura social, en el mundo del trabajo y en el modelo productivo. Sin embargo, y al mismo tiempo, la economía popular que emerge de determinadas condiciones materiales -el desempleo estructural- es al mismo tiempo un proyecto político, una decisión de resistencia y una perspectiva de transformación.            

Esto que viene sucediendo hace rato ha tomado trascendencia en el contexto actual porque las desigualdades se tornaron más visibles y menos soportables. Hace algunos días el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación creo el RENATEP -Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular-. Este instrumento fue generado por la ley N.º 27.200 de Emergencia Social sancionada en 2016 que establecía, entre otras cosas, un andamiaje institucional inicial para comenzar a visibilizar formalmente y habilitar un camino de acceso a los derechos laborales para este universo de personas trabajadoras. Fundamentalmente implica para el Estado nacional reconocer una deuda con estas personas, la deuda de las oportunidades y de los derechos. También implica reconocer que esa deuda da luz a una desigualdad que está en la base de nuestra sociedad y que para desandar esa brecha hay que reconocer allí un derecho. Donde hay una necesidad nace un derecho decía Eva y tiene hoy más vigencia que nunca. ¿La creación del RENATEP es la solución al problema del desacople del empleo y el trabajo? No, es una acción limitada y parcial, pero implica comenzar a señalar un camino. Y tan importante como el contenido de esta decisión es haberla tomado ahora, durante la pandemia.

En el preludio de esa nueva normalidad es cuando tenemos que debatir y decidir lo que va a ser el futuro, porque ahora es cuando nuestras acciones tienen más capacidad de transformar el presente para crear lo que viene. Pensar que es posible una institucionalidad que enmarque estas formas de trabajo en la inscripción al pleno acceso a los derechos sociales y colectivos que estructuran las dinámicas de integración social es parte de los desafíos para la construcción de una sociedad igualitaria, donde la distribución del ingreso sea más justa pero que fundamentalmente permita recuperar la universalidad del trabajo en su dimensión de ordenador social, avanzando desde las políticas sociales de transferencia de ingresos hacia la creencia activa de derechos. Somos contemporáneos de un suceso inédito y de una oportunidad. ¿Somos capaces como sociedad de ser sujetos de la transformación que nuestros pueblos demandan? ¿Somos capaces como militantes políticos de actuar con audacia para tomar decisiones transformadoras? Por suerte la historia no viene hecha y esas respuestas todavía no existen, los límites de lo posible se volvieron difusos y muchas de las propuestas que la organización popular construyó para enfrentar la exclusión resultan hoy caminos posibles. Por suerte también hoy es más cierto que el futuro no es lo que va a venir sino lo que seamos capaces de construir.