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Venezuela, entre el Coronavirus y la presión norteamericana

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Por Jorge Santiago Rojas

(PD: este artículo se cerró dos días antes de la operación Gedeon, por lo que dicho tema será profundizado en un próximo articulo)

Los últimos dos meses fueron muy complicados para Venezuela. A las preocupaciones existentes ligadas al aprovisionamiento de bienes de vital necesidad, se le sumaron nuevos retos vinculados al Covid-19 y su llegada al país caribeño. La situación venezolana puede dividirse en 4 escenarios: lucha contra el Coronavirus; crisis del mercado de petróleo; crisis económica (situación de larga data); y por último, la ofensiva norteamericana que apunta al derrocamiento de Nicolás Maduro.

Si analizamos la estrategia sanitaria aplicada frente al arribo de la pandemia en territorio venezolano podemos inferir que las decisiones tomadas por el gobierno fueron oportunas y acertadas. Esta apreciación se acentúa si observamos las condiciones por las que atraviesan los sistemas sanitarios de países como Ecuador o Brasil, que se ven gravemente desbordados por un número de contagiados y muertos que va en constante aumento.

Repasando los números de Venezuela, hasta el día 31 de abril, el país contó con una cifra 335 personas contagiadas, en tanto que el número de recuperados ascendía a 148 y se contabilizaba un total de 10 decesos. Estos números evidencian que la enfermedad tuvo una propagación limitada en el país y expone la habilidad del gobierno para controlar la situación.
El éxito parcial de la estrategia de contención fue resultado de dos medidas claves oportunamente decretadas: el establecimiento de cuarentena temprana que entró en vigor el 12 de marzo —a la par de Italia y España, previo a Argentina—  y la obligatoriedad del uso de tapabocas. El apoyo y la ayuda de la Cruz Roja, ONU, Unicef, la Organización Panamericana de la Salud y de países como Cuba, China y Rusia también fueron elementos claves. Otros aciertos que pueden mencionarse fueron la realización de testeos en grandes sectores de la población, el control de los síntomas por medio de la aplicación del Sistema Patria, las visitas médicas a los hogares y la instalación de los Centros de Diagnóstico Integral en los barrios. Con estas medidas el gobierno pudo moderar y limitar la propagación del virus evitando una situación potencial de colapso sanitario. Ahora bien, como mencionamos antes, este es uno de los escenarios a tener en cuenta, falta abordar los restantes.

En el último tiempo, el mercando mundial de petróleo se ve atravesado por una crisis que resulta sumamente alarmante para el país caribeño. Lo que empezó como una disputa entre Arabia Saudita y Rusia derivo en una caída abrupta del precio del barril de petróleo OPEP, que pasó de un valor de 50 dólares el 28 de febrero a un valor de 14 dólares en la última jornada del mes de abril. En el intervalo de estas fechas, los países miembros de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) y los países extra OPEP llegaron a un acuerdo por unanimidad el día 12 de abril por el cual se comprometieron a recortar la producción de petróleo en 9,7 millones de barriles diarios en el lapso de dos meses.  La finalidad de lo acordado apuntaba frenar la caída del precio recortando la oferta de crudo. Según lo establecido por las partes, este acuerdo entraría en vigencia a partir del 1 de mayo.

Sin embargo, el mundo se vio conmovido por el avance del Covid-19 a nivel global cuyo correlato fue la paralización de la actividad económica mundial y la reducción de la demanda global en un 25%.
En este contexto la cotización del petróleo continuo a la baja e incluso el 20 de abril la cotización del crudo norteamericano, por ejemplo, llegó a su mínimo histórico con una cotización menor a 0 dólar.
La paralización mundial ocasionada por la pandemia llevó a la escasez de espacios físicos requeridos para almacenar los barriles de crudo. Hasta el momento el mercado de petróleo no remonta y se espera que las ventas de crudo con contrato de entrega para mayo y junio repunten, pero se carece de certezas al respecto.

Este escenario se superpone simultáneamente con la crisis económica que viene sufriendo Venezuela desde hace varios años como consecuencias del bloqueo y las sanciones norteamericanas. A la situación pre-existente se le adicionaron los efectos de la cuarentena que genera la caída en la actividad productiva y perjudica notablemente a los trabajadores informales, el aumento del desabastecimiento de alimentos y combustible y un aumento del dólar paralelo y oficial que generan una fuerte devaluación de la moneda nacional. Otro factor que agrava la situación es la caída de las remesas de dólares que constituyen el grueso de los dólares circulantes en la economía caribeña. La crisis petrolera mundial también impacta considerablemente en este país cuya economía es totalmente dependiente de la venta de crudo.

Lo descripto previamente nos permite apreciar que el “petro-problema” tiene 5 aristas:
– Caída del precio del barril de petróleo.
– Caída de las exportaciones (consecuencia de la caída de la demanda global y de las sanciones).
– Caída del ingreso del Estado.
– Caída de la producción de crudo (que genera una mayor contracción en la actividad económica).
– Aumento de las dificultades para abastecer al mercado interno.

Hasta el momento el gobierno de Maduro ha llevado a cabo ciertas acciones para paliar la situación, un ejemplo de ello es la reactivación de la refinería “El Palito”, ubicada en el centro de Venezuela, con el objetivo de satisfacer parte de la demanda interna. En esta línea, el país se adhirió también al objetivo de la OPEP de reducir la producción para recuperar el valor del crudo y aumentar el nivel de los ingresos del Estado.

Frente a este panorama muy difícil en lo económico el gobierno impulsó medidas destinadas a reducir el impacto de la crisis y las implicancias de la cuarentena en la sociedad. Se destacan las disposiciones que establecieron la inmovilidad laboral hasta el 31 de diciembre; la suspensión del pago de alquileres por 6 meses para los locales comerciales o viviendas principales; planes especiales de pago para pequeñas y medianas industrias; bonos especiales para trabajadores informales y empleados privados; y la suspensión por 6 meses del pago de los créditos, tanto del capital como de los intereses. También se reforzó la presencia del Estado en los barrios por medio de la entrega de 7 millones de cajas CLAP (compuestas por productos alimentarios) a las familias más vulnerables. Si bien el Estado venezolano ha demostrado una conducta decidida procurando mitigar las circunstancias, las medidas adoptadas parecen no ser suficientes para frenar la escalada del dólar como consecuencia del aumento la especulación y la caída del precio del petróleo.

Ahora bien, el escenario más amenazante para Venezuela es el internacional y más precisamente la estrategia orquestada por Estados Unidos para derrocar a Maduro. Luego de la demostración de fuerza llevada a cabo por Venezuela a través de los ejercicios militares “Escudo Bolivariano 2020”, la respuesta de los Estados Unidos era sólo una cuestión de tiempo.

Un análisis de los últimos dos meses, nos permite advertir que la ofensiva norteamericana consta de 4 movimientos.
El primer movimiento fue efectuado los últimos días de marzo con la incriminación de Donald Trump a Maduro ante el Departamento de Justicia norteamericano por los cargos de corrupción, tráfico de drogas y narcoterrorismo. En la imputación también fueron incluidos otros trece funcionarios venezolanos, entre los que se encuentran el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministro de Defensa y el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ente otros. Según el fiscal general, William Barr, “el gobierno venezolano se ha mantenido en el poder todos estos años gracias a los dólares de la venta de cocaína a su país”, la imputación ubica a Maduro como el negociador y organizador del “Cartel de los Soles” junto a la ya extinta FARC colombiana. Esta acusación a su vez fue acompañada del ofrecimiento de una recompensada valuada en US$15 millones de dólares por la captura del mandatario y US$10 M por el resto de los imputados.
El último antecedente de incriminación norteamericana a un mandatario por delitos de esta índole fue en 1988 contra el General Noriega, presidente de facto de Panamá. Un año después de esta acusación Panamá fue invadida por tropas norteamericanas, generando grandes cantidades de muertos, y teniendo como desenlace el cambio de gobierno por uno afín a Washington y la detención de Noriega. Antecedente triste y peligroso.

El segundo movimiento fue la presentación del Secretario de Estado Mike Pompeo, el 31 de marzo, de una propuesta denominada “Marco Democrático para Venezuela”. Dicho “Marco” planteaba la creación de un gobierno de transición con el nombre de “Consejo de Estado” que estaría a cargo de la dirección del país hasta el desarrollo de elecciones presidenciales y legislativas. En esta oferta se excluía la participación de Maduro y Guaido procurando cierto aire de “neutralidad”. Incluso llegó a deslizarse que si Venezuela cumplía con todas las condiciones, Estados Unidos levantaría sus sanciones y permitiría la participación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en los comicios. Esta propuesta fue consentida por Guaido quien había sido consultado previamente.

El tercer movimiento, tuvo lugar pocos días después. El 3 de abril Donald Trump, en consonancia con la reciente imputación a Maduro y los altos cuadros chavistas, anunció el despliegue de “la operación anti-drogas más grande de occidente”. Con el “objetivo” de aumentar la vigilancia y la incautación de drogas, el mandatario norteamericano dispuso el comienzo de la operación bajo el control del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que cuenta con medios navales, aéreos y terrestres, como así también con la participación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Costera. El inicio de esta operación implicó la duplicación de fuerzas estadounidenses presentes tanto en el mar Caribe como en el Pacifico oriental. El objetivo de fondo de la gigantesca operación fue cercar a Venezuela y forzar la salida del Maduro del poder.
Esto pone de manifiesto que a los ojos de Washington ya no alcanza con el bloqueo económico sino que es necesario acompañarlo de un asedio militar y naval para asfixiar al país, o en última instancia, para obligarlo a reaccionar y así poder justificar una posterior intervención armada en el territorio. Lo más insólito de esta situación es que solo 4 días después el presidente de Colombia Iván Duque, anunció, sin nombrar a Venezuela o a Maduro, el inicio de la Campaña Naval Internacional contra el Narcotráfico. De esta manera Colombia, el país de mayor producción de cocaína, se alineaba a la operación naval de su aliado del norte contra el país vecino: una verdadera ironía.

Para finalizar, el último movimiento fue la advertencia realizada por la Justicia norteamericana, la cual dispuso que si Maduro pisa territorio norteamericano será arrestado de forma inmediata y condenado a más de 50 años de prisión. Incluso si visitara la sede de la ONU, situada en dicho país. Esta advertencia fue fundamentada por el hecho que Estados Unidos no reconoce a Maduro como mandatario de Venezuela y por ende este carece de inmunidad diplomática. Se trata da una clara violación al derecho internacional público y al derecho consular y diplomático, pero no es novedoso que venga de la mano de Estados Unidos, después de todo… ¿Qué le hace una mancha más al tigre?…

Conclusión

Con el paso de los días la situación en Venezuela se complejiza. En lo referente a la pandemia el mandatario venezolano ejecutó una estrategia oportuna que logró limitar su propagación en territorio venezolano, sin embargo, la variable económica constituye un escollo difícil de sortear. La caída de la actividad y del poder adquisitivo de los salarios, la devaluación y la especulación hacen muy difícil el día a día de cualquier venezolano/a.  A esta situación se le adiciona las alteraciones actuales en el mercado mundial de petróleo que sigue sin estabilizarse y cuya situación futura es totalmente incierta. Mientras tanto los ingresos del Estado venezolano caen mes a mes a la par que las sanciones y sus efectos van creciendo.

A pesar del contexto actual marcado por la pandemia mundial y de la situación interna en que atraviesa su país con miles de víctimas a causa del Covid-19, Trump demuestra que no está dispuesto a ceder en su objetivo de derrocar a Maduro. La ONU y países como China y Rusia han cuestionado las sanciones norteamericanos y han demandado su levantamiento, sin embargo Estados Unidos hace caso omiso y mantiene su hostigamiento. Inclusive Venezuela ha denunciado en los últimos días la detención y persecución de embarcaciones con ayuda humanitaria.
Actualmente, al interior de Venezuela, Estados Unidos no está encontrando sólidos apoyos por parte de los sectores de la oposición, con la excepción del siempre cómplice Guaido. Muchos partidos opositores han condenado el bloqueo y las sanciones y han reclamado su levantamiento.

La situación es muy cambiante con el paso de los días. Solo resta esperar el desarrollo los acontecimientos tanto adentro como afuera de Venezuela. Habrá que ver como continúa la situación una vez que se disponga el levantamiento de la cuarentena y la evolución del mercado de petróleo y su precio.

En estos dos meses no solo quedó en evidencia el ímpetu norteamericano para derrocar a Maduro, sino también la inconsistencia del liderazgo de Juan Guaido al interior de su país, quien no se manifestó frente a la crisis del Covid-19. El silencio ha sido su estrategia política en este contexto y la gente se pregunta “y Guaido?”, situación que ha llevado a la declinación de su base de apoyo. Esto ha evidenciado no solo que es un títere, sino también que le interesa muy poco su gente. Su legitimidad descansa en el apoyo estadounidense no en Venezuela.