Las Sanciones Norteamericanas contra Venezuela
Por Jorge Santiago Rojas
Las medidas unilaterales de los Estados Unidos, conocidas vulgarmente como “sanciones norteamericanas”, son las órdenes ejecutivas emitidas por la Casa Blanca. Estas medidas no son nuevas, se emiten desde los 90, siendo Cuba una de sus primeras víctimas. En la última década han alcanzado una gran notoriedad y popularidad debido a la extensión de su uso.
Estados Unidos ha utilizado esta herramienta en reiteradas ocasiones en contra de sus enemigos con el fin de doblegarlos, pero muchas de ellas, en otros hemisferios, no han tenido el resultado deseado. Pueden verse ejemplos de este “renacer” de las sanciones en las medidas unilaterales impuestas por Estados Unidos y UE contra Rusia por la crisis de Ucrania del 2014 o en las sanciones contra Irán por parte del gobierno de Donald Trump luego de retirarse del Acuerdo Nuclear.
Este tipo de medidas están contempladas en la Carta de Naciones Unidas pero su aplicación se encuentra condicionada a la aprobación del Consejo de Seguridad. En estos casos, tanto contra Rusia, como contra Irán y Venezuela, las sanciones fueron unilaterales, es decir, no pasaron por la ONU y fueron adoptadas seguidamente por los aliados de Washington.
Las sanciones contra Venezuela no son nuevas, por el contrario son de larga data. Las primeras órdenes ejecutivas fueron impulsadas por Obama en 2015 pero con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, estas no han hecho más que profundizarse.
Podemos dividir las sanciones en dos tipos: Las primeras tienen por finalidad impedir la regular participación de las empresas venezolanas en el comercio internacional. Las segundas están destinadas a apropiarse de los activos de Venezuela en el exterior. Estas últimas son las más recientes y las que mayor daño están ocasionando en la actualidad.
El Petróleo
La primera sanción contra PDVSA (orden ejecutiva 13.808) se emitió en agosto de 2017 luego de que la oposición decidiese no participar en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. La medida tuvo como objetivo asestar un duro golpe a la columna vertebral de la economía venezolana, la industria del petróleo. Desde esa fecha, las sanciones se fueron sucediendo una detrás de otra, al principio sobre PDVSA y algunos miembros del gobierno, pero con el tiempo se fueron sofisticando, afectando a otros sectores de la economía como por ejemplo el Banco Central de Venezuela.
Con la autoproclamación “presidencial” de Juan Guaidó se dio un contexto propicio para que en 2019 se profundicen las sanciones. En ese año, el Departamento del Tesoro Norteamericano emitió la orden ejecutiva 13.850 por la cual se bloquearon todos los activos de PDVSA en los Estados Unidos (valuados en aproximadamente 7 mil millones de dólares). Inclusive se prohibió a los ciudadanos de ese país realizar algún tipo de transacción con la empresa. Sin embargo, estas medidas no resultaron suficientes y en consecuencia se resolvió la apropiación de facto de CITGO, filial de PDVSA en territorio estadounidense. De ese modo, con estas nuevas sanciones no solo se le impidió a Venezuela acceder al mercado energético norteamericano, sino que también comenzaron a aplicarse las sanciones del segundo tipo. En agosto, por medio de la orden ejecutiva 13.884, avanzaron en ese sentido y embargaron todos los activos venezolanos. De esta manera, amparados en esta resolución, Estados Unidos procedió a la apropiación de CITGO, más de 30 buques petroleros, 3 refinerías en Ilinois, Texas y Louisiana, un gigantesco oleoducto que atraviesa más de 20 estados y cientos de estaciones de servicio a lo largo y ancho de ese país.
En 2020 Estados Unidos fue más allá y comenzó a aplicar sanciones contra empresas petroleras extranjeras con el fin de aislar completamente a PDVSA y a Venezuela. Debido a estas últimas medidas de presión, muchas empresas han dejado de comerciar por temor a perder posiciones de mercado en otras explotaciones o en otros escenarios. Este fue el caso de Rosneft. Si bien en términos políticos existe sintonía entre Moscú y Caracas, la decisión de Rosneft de irse de Venezuela respondió más a intereses económicos que a consideraciones geopolíticas.
Con estas sanciones Venezuela se fue quedando sin los dólares necesarios para mantener activa su economía y, a su vez, las dificultades para poder vender su propio petróleo achicaron los ingresos del Estado. Por último al estar impedidos de importar bienes e insumos para refinación, el mercado interno de gasolina sufrió en marzo una crisis de desabastecimiento donde las largas colas en las estaciones de servicio se volvieron un paisaje normal. Sin embargo, La cuarentena y la reducción de la actividad productiva ayudaron a alivianar momentáneamente la escasez de gasolina.
Frente a este panorama complicado, el Gobierno de Maduro, en un primer momento reactivó una refinería en El Palito para satisfacer parte de la demanda interna, pero esta medida no alcanzó y el Gobierno resolvió solicitar a Irán el envío de 5 buques petroleros con el fin de aprovisionarse de gasolina. A pesar de las reiteradas amenazas norteamericanas de actuar contra toda acción que pusiese en tela de juicio las medidas coercitivas adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos, la operación logró concluirse y el envío de combustible se hizo efectivo. La compleja situación por la que atravesaba Venezuela, la llevó a recurrir a su aliado extra-regional porque las sanciones no sólo le impedían vender, sino también poder obtener lo necesario para refinar su propio petróleo en su territorio nacional.
Si ya de por si la situación económica, política y humanitaria de Venezuela es complicada, estas sanciones no hacen más que empeorar la situación. Lejos de asfixiar al gobierno, las medidas terminan afectando a toda la sociedad, sean chavistas o anti-chavistas. Como agravante de esta situación, los sectores opositores radicalizados demandan más y más sanciones contra su propio país dejando claro la lógica “cuanto peor, mejor”.
Consideraciones Finales
Todo lo desarrollado en este artículo, pone de manifiesto cómo las políticas norteamericanas tienen por objetivo asfixiar en términos económicos a Venezuela. Por un lado bloqueando la principal fuente de generación de ingresos para el Estado y su economía. Por el otro imposibilitando el aprovisionamiento de gasolina. Esto último se ha profundizado en el corriente año cuando la Casa Blanca comenzó a amenazar a las diferentes empresas petroleras advirtiendo que no habría excepciones a la hora de imponerle sanciones a cualquier empresa del mundo.
De todas maneras esto es solo una parte de todas las medidas coercitivas que sufre la economía venezolana, pues las sanciones no solo están destinadas al sector petrolero, sino también a diversos sectores como las comunicaciones. Ejemplo de esto fue la salida, en mayo, de DirecTV de ese país por temor a las sanciones o la decisión de YouTube, en agosto, de borrar los 3 canales pertenecientes al Canal Estatal Venezolano de Televisión, borrando así más de 60 mil videos subidos. Actualmente DirecTV esta en planes para volver a transmitir para Venezuela pero con otro operador a fin de lograr evadir alguna de las sanciones.
Estas sanciones no están cerca de detenerse, sino por el contrario, todo parece indicar que continuaran y se diversificaran. Estados Unidos parece estar dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con tal de derrocar a Maduro, y parece ser que la asfixia es la mejor alternativa por el momento.
