19 años de conflicto y el camino a un acuerdo de paz en Afganistán
Por Camila Elizabeth Hernández
Luego de los ataques al Word Trade Center y al Pentágono en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, el gobierno republicano de George W. Bush exigió al Emirato Islámico de Afganistán gobernado por los talibanes, entregar al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, para ser procesado en suelo estadounidense. Si bien ningún nacional afgano había sido parte de los atentados, Bush demandó que Afganistán les entregara a los líderes de Al-Qaeda, que se suponían ocultos en dicho país. El gobierno talibán se negó argumentando que no había evidencia de la participación de Osama Bin Laden en el atentado, lo cual desencadenó una invasión aliada a Afganistán el 7 de octubre de ese año. Bajo el nombre de “Operation Enduring Freedom” (Operación Libertad Duradera), Estados Unidos y Reino Unido lanzaron un ataque contra el gobierno, cuya soberanía era cuestionada tras la guerra civil afgana. La misión era la de “interrumpir el uso de Afganistán como base terrorista de operaciones y atacar la capacidad militar del régimen talibán”. Osama Bin Laden había pasado mucho tiempo en Afganistán, e incluso había peleado al lado de los estadounidenses contra los soviéticos al final de la Guerra Fría. El líder talibán, Muhammad Omar, le permitió quedarse en Afganistán y posteriormente Bin Laden le juró lealtad.
Los talibanes tomaron el control de la capital, Kabul, en 1996, derrotando a otras facciones en el vacío de poder dejado por la caída de la Unión Soviética y la indiferencia de Estados Unidos, que se había retirado del país. Dos años después, llegaron a gobernar la mayor parte del país, dictando la ley islámica o sharia. Bush formó una coalición entre las fuerzas estadounidenses y facciones militares guerrilleras que combatían a los talibanes (agrupadas en la Alianza del Norte), logrando finalmente su derrota en 2001. Posteriormente, los talibanes se reorganizaron como una red descentralizada de combatientes y comandantes de bajo nivel con el poder de reclutar y reunir recursos de manera local mientras que los líderes de alto nivel se refugiaban en Pakistán, país vecino. La insurgencia llegó a adoptar un sistema de planeación y ataques terroristas contra el gobierno afgano, así como a expandir un motor de financiamiento ilícito, basado en crimen y drogas. A lo largo de los años, el liderazgo principal del grupo se ha mantenido principalmente en Pakistán, donde se brinda refugio a los combatientes.
Desde el principio, los insurgentes aprovecharon la corrupción y los abusos del gobierno afgano establecido por Estados Unidos para presentarse como árbitros de justicia y de la tradición del país, una causa poderosa entre los ciudadanos rurales. Sin embargo, el gobierno se mantuvo y en 2004 se acuerda una Constitución para Afganistán, proveyendo un marco legal para las elecciones que se realizarían meses más tarde.
También la Organización de Naciones Unidas intervino activamente en el conflicto para garantizar la paz entre las partes. Así, sacó dos resoluciones de trascendencia. La primera, la resolución 1378, abogaba por un rol central de Naciones Unidas al establecer una administración de transición e incitaba a los Estados miembros a enviar fuerzas para el mantenimiento de la paz y la estabilidad. La segunda, la resolución 1383 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que lanzó en 2001 una segunda operación, la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF por sus siglas en inglés), desde 2015 conocida como la Operación Apoyo Decidido. Además, se celebró el Acuerdo de Bonn entre las distintas facciones afganas, el cual proclamó a Hamid Karzai como jefe del gobierno interino y creó una fuerza internacional para el mantenimiento de la paz, para así mantener la seguridad en Kabul. La OTAN asumió el control de la ISAF en el 2003. En 2004 Hamid Karzai fue electo democráticamente, aunque hubo acusaciones de fraude, y fue reelecto en agosto de 2009. El gobierno de Hamid Zarzai colaboró estrechamente con Bush para continuar con la “guerra contra el terror internacional y la lucha contra el extremismo violento”.
Con la llegada al poder de Obama en 2009, se anuncia que la estrategia de Estados Unidos iba a ser la de intensificar la lucha contra Al-Qaeda y los talibanes, así como asistir a Pakistán y Afganistán en el entrenamiento de las fuerzas de seguridad. La muerte de Osama Bin Laden fue anunciada el 2 de mayo de 2011, cuando unidades de élite de las fuerzas militares de Estados Unidos abatieron al líder de Al-Qaeda en el transcurso de un tiroteo en Abbottabad, Pakistán. A partir de allí, los talibanes llevaron a cabo varias ofensivas contra bases occidentales y edificios gubernamentales en represalia.
En el año 2014 Ashraf Ghani Ahmadzai ganó las elecciones presidenciales con el 56,44% de los votos. En diciembre Obama dio por finalizada la misión de la ISAF-OTAN en Afganistán, que fue reemplazada por una nueva misión de la OTAN, llamada Apoyo Decidido, con una presencia militar más reducida. Sin embargo, el 15 de octubre de 2015 el mandatario anunció que mantendría 5500 soldados en Afganistán cuando dejara el cargo en 2017, pasando la resolución del conflicto a su sucesor, Donald Trump. En junio de 2016 el presidente norteamericano autorizó ampliar el papel que desempeñan las fuerzas estadounidenses desplegadas en Afganistán, lo que le permitió al Ejército acompañar a las fuerzas convencionales afganas en su lucha contra los insurgentes talibanes.
A principios de 2015, aparece en escena el grupo terrorista yihadista, el Estado Islámico en Siria e Irak (ISIS por sus siglas en inglés), lo cual hizo que Estados Unidos se centrase a su vez en combatir a este grupo con bombas y armamentos que también ocasionaron daños a la población civil. En 2017 Trump lanza la más poderosa de todas sus bombas no nucleares, la llamada “madre de todas las bombas”, centrando su objetivo en la emergencia del Estado Islámico en Afganistán, al mismo tiempo que los talibanes parecían más fuertes que nunca.
En septiembre de 2019 las negociaciones entre las partes comenzadas en 2018 fueron canceladas abruptamente por Trump cuando parecía que un acuerdo de paz era inminente, luego de que un atentado en Kabul se cobró la vida de un soldado estadounidense. El proceso se reanudó a principios de diciembre en Qatar. En estas negociaciones, se encuentra excluido el gobierno afgano, al ser las conversaciones entre Washington y los insurgentes talibanes, las cuales podrían abrir una puerta a las negociaciones inter-afganas. El 29 de febrero del presente año el gobierno de Estados Unidos y los talibanes firmaron un histórico acuerdo, el llamado pacto de Doha, que contempla la retirada de las tropas estadounidenses del país en 14 meses y una mesa de diálogo entre los talibanes y el gobierno afgano, así como también la reducción de la violencia en el país. También se preveía la liberación de prisioneros talibanes y miembros de las fuerzas afganas entre ambos bandos, aunque este intercambio llevó a varios desacuerdos entre los talibanes y el gobierno que perjudican hasta la actualidad al proceso de paz.
Al momento de la firma del acuerdo, la situación en el país era la siguiente:
Además, en el camino a la paz y la reconciliación nacional, el presidente Ashraf Ghani, y su principal opositor Abdullah Albdullah (el cual no reconoció la victoria de su rival en las elecciones), firmaron el 17 de mayo un acuerdo político para poner fin a meses de inestabilidad política en el país asiático. Acordaron que Abdullah Albdullah (primer ministro de Afganistán luego de un pacto anterior con Ashraf Ghani) liderara el Alto Consejo de Reconciliación Nacional, organismo que pretende liderar el proceso de paz con los talibanes, y que varios miembros de su equipo sean incluidos en el Gabinete gubernamental. Sin embargo, algo a tener en cuenta es la contraposición entre los proyectos políticos de los talibanes, es decir la implementación de un sistema islámico en el país basado en la sharia, y el proyecto político del Gobierno que sostiene un régimen democrático al estilo occidental, cuestiones que podrían llevar a tensiones sobre el futuro del país. Varios países, como Rusia, Pakistán y Estados Unidos, celebraron el acuerdo que podría llevar a la conciliación nacional.
Por su parte, en mayo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, celebró un acuerdo con el gobierno afgano tras meses de incertidumbre y llamó a aprovechar la oportunidad “sin precedentes” para la paz.
Ahora bien, en el mes de mayo se sucedieron dos atentados en el país, uno en un hospital de atención materna en Kabul respaldado por la ONG internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) en el que fallecieron 13 personas, entre ellos dos bebés, y otro en un funeral que causó al menos 24 muertos y 68 heridos, según cifras de Infobae (12 de mayo de 2020), este último reivindicado por el Estado Islámico. El presidente afgano reaccionó rápidamente anunciando que las fuerzas gubernamentales reanudarían su ofensiva contra los talibanes. Los talibanes, por su parte, negaron su implicación en cualquiera de los ataques. Si bien el Estado Islámico no se adjudicó el primer ataque a la maternidad, se produjo en una zona habitada principalmente por la minoría chií hazara, blanco en severas ocasiones de este grupo yihadista, y sucedió un día después de que una agencia de inteligencia afgana detuviera al principal líder del ISIS para el Sur y el Este de Asia, Ziaulhaq, y una semana luego de la detención del líder del ISIS para Afganistán, Abdullah Orakzai.
En junio, los talibanes realizaron varios ataques contra las fuerzas de seguridad afganas, como lo fue el caso del atentado contra una comisaría en la provincia de Baghlan, únicamente limitándose a no realizar ataques contra las fuerzas extranjeras, en una escalada de violencia que parece no tener fin. Las conversaciones con el gobierno fueron impedidas por la falta de avances en el cumplimiento del intercambio de prisioneros por ambas partes. Además, el 20 de junio los talibanes tomaron como rehenes a 53 civiles en la provincia de Daikondi, en el centro de Afganistán, según lo informado por el gobernador, Zia Hamdard. Los nuevos enfrentamientos entre el Ejército Nacional de Afganistán y los talibanes generan, naturalmente, dudas acerca del acuerdo de paz, en un contexto donde el impacto del covid-19 es incierto en el país, por la falta de datos certeros denunciada por los organismos internacionales presentes.
En la actualidad, los talibanes tienen entre 50.000 y 60.000 combatientes activos y decenas de miles de facilitadores y hombres armados de medio tiempo, de acuerdo con cálculos afganos y estadounidenses reunidos en una nota de The New York Times (28 de mayo de 2020). El liderazgo de la insurgencia construyó una máquina bélica, y, en las zonas que controlan o influyen, los talibanes también tratan de administrar algunos servicios y resolver disputas en diferentes comunidades, posicionándose así como un gobierno entre las sombras. Además, el reclutamiento incluye la narrativa a través de videos y una agresiva campaña en redes sociales.
En conclusión, si bien la paz parece precaria por el grado de tensión que se está generando el país con el avance del coronavirus y la imposibilidad de llegar a mayores acuerdos, son de destacar los avances realizados hasta el momento, que pueden sentar la base para un acuerdo de paz que tenga en cuenta los intereses de todas las partes involucradas. En definitiva, si bien hay posiciones contrapuestas y posiblemente irremediables, es posible un acuerdo inter-afgano que siente las bases de una futura paz en un país que lleva casi dos décadas de conflicto.
