Colombia y la profundización de la violencia política
Por Juan Cruz Mazzetti
A 4 años de la firma del acuerdo de paz que puso fin al conflicto armado interno entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el gobierno de Iván Duque vuelve a aplicar la estrategia que caracterizó a la gestión del ex presidente Álvaro Uribe y la cual parecía haberse descartado durante la gestión de Juan Manuel Santos: la oposición a las FARC (tanto al actual partido político formado por quienes adhirieron al acuerdo de paz como ante al grupo escindido que retomó la lucha armada) y la tensión en la relación con Venezuela debido a la puesta en duda de la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro.
La semana pasada el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, se reunió con el presidente colombiano para tratar varios asuntos, desde la lucha contra el narcotráfico hasta la migración venezolana. La visita de Pompeo se produce dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviara al secretario de Estado un memorándum en el que evalúa el compromiso de 22 países, entre ellos Colombia, en la lucha contra el narcotráfico.
Trump destacó que Duque y su Gobierno “siguen siendo firmes aliados de Estados Unidos”, al tiempo que resaltó la labor de la Policía y las Fuerzas Militares para interceptar cargamentos de alcaloides y erradicar cultivos de coca, los cuales, paradójicamente, se mantienen a niveles altos. El presidente norteamericano sostuvo que “Colombia debe retomar la erradicación aérea”, en referencia a las aspersiones desde el aire con el herbicida glifosato, suspendidas desde 2015 ante la incompatibilidad que esta práctica tenía en medio de las negociaciones de paz con la guerrilla y demás prejuicios sobre la población rural.
Unos días más tarde, durante la Asamblea General de la ONU, Duquedijoque el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela se financia con recursos del narcotráfico, alberga terroristas y es una amenaza mundial contra la democracia. Las primeras dos afirmaciones recuerdan al discurso uribista, el cual fue modificado por la política pragmática de Santos para poder obtener el apoyo de Venezuela en la negociación del acuerdo de paz. En aquel momento Chávez quitó públicamente el apoyo a la guerrilla afirmando que no permitiría la actividad de grupos armados ilegales en su territorio.
El actual mandatario colombiano llamó también a rechazar las venideras elecciones para renovar el parlamento venezolano, actualmente dominado por una oposición que reclama falta de garantías en las urnas. Cabe recordar que Venezuela rompió relaciones con Colombia en febrero de 2019 luego de que reconociera al jefe de la oposición Juan Guaidó como presidente interino.
En este contexto, el país enfrenta un recrudecimiento de la violencia que gravita alrededor de la disidencia de las FARC y la guerrilla ELN (única guerrilla activa del país), otros grupos armados formados alrededor de minas ilegales de oro, que según los vaivenes del mercado se vuelven más rentables que el cultivo de coca y los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de la guerrilla sin ninguna repercusión judicial.
En cuanto a las disidencias de las FARC, sus miembros están calculados en unos 4600, y si bien al momento de separarse del partido político legal representaban solo el 5% de los firmantes del acuerdo, sus adherentes aumentaron notablemente en los últimos meses. Todo este auge, sumado a la pandemia, reforzó el control territorial que estos grupos tenían en muchos lugares del país. Por otra parte, Colombia registra números escalofriantes si sumamos los muertos por enfrentamiento de la guerrilla con la policía, el conflicto entre narcotraficantes y el homicidio de líderes sociales y ex guerrilleros. En total, en 2020 se produjeron 61 masacres que han dejado 246 víctimas civiles, en los últimos dos años 81 asesinatos de líderes sociales, desde la firma del tratado de paz 228 excombatientes muertos y tras las protestas de la ciudadanía frente al asesinato del abogado Javier Ordóñez a manos de la policía, murieron 14 manifestantes.
Frente a esta situación, Duque se mostró apoyando a la policía en un cuartel y enviando un mensaje de inflexibilidad frente a las protestas de la ciudadanía. Su permanente oposición a el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, el cual debía garantizar, no podían presagiar un escenario pacifico.
En este sentido, vemos como en Colombia se mantienen estables la economía de libre mercado y el alineamiento con Estados Unidos, pero la división del arco político estará dada por la posición que el jefe del ejecutivo tenga respecto a la validez o no del acuerdo de paz firmado en 2016. El presidente Duque ha decidido revivir el uribismo porque la ideología a veces puede más que las vidas humanas. Así podemos ver como el apoyo internacional de Estados Unidos a sus aliados sirve para predecir a quienes calificaran como violadores de derechos humanos y a quienes como socios estratégicos para la seguridad regional.
