Observatorio Internacional

El tiro de gracia al legado de Rafael Correa

Por Lorenzo Barrios

En las elecciones presidenciales de 2017 resultó triunfador Lenín Moreno, quien fue elegido por la alianza gobernante como sucesor de Rafael Correa. Esta victoria cortó con una serie de triunfos de gobiernos de derecha en la región y parecía marcar una ruptura. Sin embargo, a los pocos meses de gestión el mandatario comenzó a tomar políticas muy distantes respecto a las esperadas, lo cual llevó a ruptura dentro del gobierno y a una reconfiguración de alianzas.

Durante la primera década del siglo XXI se pudo observar una preponderancia de gobiernos que, si bien tenían muchas diferencias, pueden ser englobados bajo la categoría de “nacionales y populares”. En los años siguientes, esto comenzó lentamente a cambiar. Una serie de victorias electorales de partidos de derecha y de centroderecha comenzó a cambiar el mapa político regional. Primero, el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de 2015 puso fin a más de una década de gobiernos peronistas. En segundo lugar, la derrota del chavismo en las elecciones parlamentarias de fines de ese mismo año en la República Bolivariana de Venezuela permitió que la oposición pase a controlar la Asamblea Nacional y, desde entonces, un conflicto entre los poderes públicos que llega al día de hoy quedó inaugurado.

A principios de 2017 Ecuador celebró sus comicios presidenciales. Rafael Correa eligió a Lenín Moreno, su ex vicepresidente como sucesor. La oposición, si bien se presentó de manera dividida en la primera vuelta, en la segunda los votos se volcaron hacia Guillermo Lasso, un empresario vinculado a la banca que se postuló mediante la Alianza por el Cambio. Lo novedoso de estas elecciones es que se incluía una consulta popular sobre la prohibición de la posesión de activos en paraísos fiscales por parte de los gobernantes, en el marco de los escándalos internacionales por los Panamá Papers.

En 2 de abril de 2017 se llevó adelante la segunda vuelta electoral y los resultados fueron favorables al oficialismo.  Con un poco más del 51 por ciento de los sufragios, Moreno se convierte en el nuevo presidente del Ecuador. Sin embargo, la oposición comienza unas jornadas de protesta denunciando el supuesto fraude, lo cual nunca tuvo un sustento muy serio.

Las cosas no resultaron como se esperaban. Cuando comienza la gestión del nuevo presidente, éste comienza a desmarcarse lentamente del anterior gobierno y a acercarse hacia los políticos tradicionales de la llamada “partidocracia”, la cual fue muy cuestionada siempre por Rafael Correa. Más adelante, las fricciones se aceleran dentro de la coalición de gobierno excediendo el plano de lo discursivo. El compañero de fórmula de Moreno, Jorge Glas, en el marco de los escándalos de Odebretch, fue acusado de corrupción y desplazado de su cargo, en un proceso que muchos consideran defectuoso y es enmarcado dentro del lawfare.

Para fines de 2017 el acercamiento del presidente a sus antiguos contrincantes ya era un hecho. En este año se lanzan  un referéndum y una consulta popular para enmendar la constitución, la cual constó de una serie de preguntas vinculadas a temas de corrupción, límites a reelecciones, delitos sexuales, cuestiones ambientales y sobre órganos del Estado. Pero también incluía una pregunta que pretendía derogar la ley de plusvalía heredada de la gestión anterior. En cuanto a las fuerzas que apoyaban el “sí”, se encontraban, además del oficialismo, muchos partidos de la derecha tradicional. En este marco, el expresidente Correa funda el partido “Movimiento Revolución Ciudadana” e inicia la campaña por el “no”, ya que varias cuestiones eran interpretadas como un ataque a su legado. Finalmente, gana el sí y se aprueban los cambios.

Intento fallido de aumentar combustibles y estallido.

Hacia finales del 2019 el gobierno nacional intentó quitar los subsidios a los combustibles en el marco de un plan de medidas de austeridad para reducir los déficits en las cuentas públicas. En una economía estancada y dolarizada, este aumento y su lógico impacto en los precios de los bienes fue muy mal tomado por la población que se lanzó, sin dudarlo, a las calles.

Las protestas fueron intensificándose con el correr de las horas, a lo cual se le sumó la CONAIE, entidad que agrupa a los pueblos originarios de ese país, que comenzó una multitudinaria marcha hacia la capital, Quito. Diversos sectores populares se mantuvieron en las calles y el transporte estuvo paralizado. En este contexto, el presidente declaró el estado de excepción.

Sin embargo, la gravedad de la situación forzó a Moreno a trasladarse momentáneamente hacia la ciudad de Guayaquil gobernada por la derechista Cyntia Viteri, fiel exponente de la partidocracia criticada por Correa, y gobernar momentáneamente desde allí. Al ver que la situación seguía sin calmarse y ante las fallidas negociaciones, se decide dar marcha atrás con el incremento de los precios para intentar volver a la normalidad. Sin embargo, el pésimo manejo de esta crisis incrementó el descontento hacia las autoridades nacionales.

Luego de que todo comenzó a volver a sus cauces normales, se aprovechó la situación para incrementar la persecución a los opositores, con el argumento de que habían instado a actos violentos durante las manifestaciones. Paola Pabón, actual prefecta de Pichincha, fue detenida por unos días y momentáneamente no pudo ejercer sus funciones hasta que fue liberada.

Manejo del COVID y megaajuste.

La llegada de la pandemia a América Latina forzó a los diferentes gobiernos a adoptar estrategias sobre la marcha para afrontar una situación potencialmente catastrófica. Hay países que adoptaron medidas tempranas logrando generar instrumentos para estar mejor preparados para los peores momentos. Otros países, por diversos motivos, ya sea por decisiones adoptadas tardíamente, por gestiones defectuosas o por negación de la magnitud del asunto, hoy poseen un alto número de víctimas fatales, un aumento de contagios y un sistema sanitario colapsado. Dentro de este último escenario se encuentra Ecuador.

Uno de los principales focos de la pandemia es la ciudad de Guayaquil. Entre las causas posibles se encuentran el intenso vínculo con España y la falta de control sobre las personas que se movilizaban entre ambas regiones. En cuanto a las medidas de toque de queda tomadas, las mismas fueron desacatadas por gran parte de la población, incluso por personas contagiadas que se desplazaban por la ciudad. El sistema sanitario y el funerario colapsaron, los cadáveres las personas fallecidas quedaban por días en las casas, con el peligro que significa esto para sus familiares, e incluso eran arrojados a las calles.

La alarmante situación de la pandemia en un país con una economía dolarizada en un contexto de una caída abrupta del precio de los combustibles y del turismo internacional, dos de las principales fuentes de divisas de este país, generaron una crisis importante de liquidez. El gobierno optó por el camino de la ortodoxia y decidió hacer un mega ajuste que hace temblar las bases del actual Estado ecuatoriano. La finalidad es generar un ahorro de unos 4000 millones de dólares.

Las medidas tomadas incluyen la liquidación o fusión de muchas empresas estatales, como la aerolínea TAME, ferrocarriles del Ecuador, entre otras. También se reducen las jornadas de trabajo del sector público, sumado al cierre de consulados y embajadas. Además se anunció un nuevo sistema de fijación del precio de los combustibles, el cual temporalmente en la baja del precio internacional se plasmó en una reducción del mismo, pero según algunos sectores como la CONAIE significa la eliminación de los subsidios, la inyección de créditos para actividades productivas y la renegociación de la deuda. Algo que despertó mucha preocupación es el contrato especial emergente, lo cual significa flexibilización laboral.

El conjunto de medidas de ajuste significa el tiro de gracia al legado de Rafael Correa, quien durante sus años de mandato fortaleció un Estado que tenía falencias en todos sus aspectos. En primer lugar, la estabilidad política venía comprometida desde hace algunos años: todo el sistema político, sobre todo los partidos tradicionales, poseían una deslegitimación importante. Durante el período correista, a excepción del intento de golpe policial, la democracia y la institucionalidad cobraron una fortaleza importante, incluso una nueva Constitución fue redactada.

Los sectores de infraestructura y de programas sociales gozaron de una gran inversión pública. En cuanto al primero, grandes obras viales que generaron una conexión con sectores que carecían de la misma fueron prioritarias.  En cuanto al segundo, una gran cantidad de recursos se destinaron a proyectos sociales, en detrimento del dinero volcado al sector financiero. Los medios públicos de comunicación también resultaron fortalecidos. En resumen, la gran mayoría de las áreas estatales resultaron beneficiadas.

Estas últimas medidas tomadas por Moreno terminan de destruir todos los logros anteriores. Si bien el contexto actual es muy difícil, no alcanza para justificar el gran ajuste llevado a cabo recientemente. Los impactos sobre el empleo y sobre el mercado interno comenzarán a verse inmediatamente. A pesar de las medidas de aislamiento, la población sale a manifestarse, con el consecuente riesgo para la salud que ello supone; pero parece que hay un pueblo que no está dispuesto a perder lo conquistado.

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