Saqueo neoliberal y Estado policial
Nuevas denuncias de tortura de los detenidos por la Ley Bases
Por Facundo Ceballos (Abogado UBA)*
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Hace dos años y en esta misma plataforma buscábamos alertar sobre el crecimiento de discursos y prácticas antidemocráticas en la Argentina, y sobre las consecuencias negativas que éstos discursos podían traer sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas de nuestro país. Lamentablemente, en estos últimos dos años la situación de autoritarismo político y represión policial no hizo más que agravarse de forma notoria y alarmante.
Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios
Hace unos pocos días, el Senado de la Nación debatió la llamada “Ley Bases”, la propuesta legislativa del gobierno de Milei que avanza en el ajuste del Estado, la privatización de empresas públicas, el recorte de derechos laborales y la concesión de beneficios impositivos a las grandes corporaciones multinacionales. Se trata de un proyecto que desregula la economía y beneficia a las grandes empresas, en perjuicio de la gran mayoría de los argentinos. La Ley Bases, junto con el DNU 70/23 –que todavía se encuentra vigente–, representan las principales avanzadas del capital concentrado para cambiar de raíz la legislación argentina y reemplazarla por un nuevo esquema legal, hecho a imagen y semejanza de sus intereses económicos.
Durante el tratamiento de la ley, en la mañana y la tarde del miércoles 12 de junio, miles de argentinos y argentinas se concentraron en las inmediaciones de la Plaza de los Dos Congresos para manifestar su rechazo y preocupación ante esta propuesta legislativa que avanza contra sus derechos y consagra un modelo de país para pocos. Muchos de ellos se movilizaron con sus organizaciones políticas, mientras que otros fueron autoconvocados, con sus amigos, o con sus familias. Todos se movilizaron de forma pacífica, sin generar disturbios ni violencia alguna.
Fue en este marco que ciertos individuos comenzaron a generar disturbios y hechos de violencia –como por ejemplo la quema de automóviles–, que desde un primer momento contrastaron con el clima pacífico de la movilización. Por la forma en que estos disturbios se produjeron, existen grandes sospechas de que en realidad fueron planificados y ejecutados por “infiltrados” de las fuerzas de seguridad o los servicios de inteligencia, con el objetivo de deslegitimar la movilización pacífica y de generar un clima que justifique de cara a la opinión pública el comienzo de una violenta represión policial.
En este contexto, las fuerzas federales de seguridad comandadas por Patricia Bullrich comenzaron una represión violenta y desproporcionada, que incluyó gases lacrimógenos, camiones hidrantes, violencia física y balazos de goma, con el objetivo de dispersar y desalojar la movilización y de montar un show represivo transmitido en vivo a todo el país. A partir de ese momento, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvieron a 33 personas de forma absolutamente arbitraria e injustificada. Posteriormente, los detenidos fueron trasladados a complejos penitenciarios federales (Ezeiza, Marcos Paz y Devoto), siendo sometidos a una serie de humillaciones, privaciones y maltratos.
Muchos de ellos fueron interrogados sobre si pertenecían a alguna organización política, un hecho de suma gravedad institucional que llama la atención y que da cuenta de la estigmatización y criminalización de la participación política y democrática por parte de este gobierno. Mientras que algunos sí participan de agrupaciones políticas, y se encontraban en ejercicio de su legítimo derecho de protesta, otros simplemente se encontraban trabajando o transitando en las inmediaciones de la Plaza, lo que demuestra el carácter arbitrario y azaroso de éstas detenciones. Cabe destacar que, mientras que muchos manifestantes fueron detenidos y trasladados directamente a cárceles federales, por el contrario no hubo ninguna detención por los disturbios ni por la quema de automóviles, lo cual abona a la idea de que estos actos de violencia fueron realizados por infiltrados.
Posteriormente, el fiscal federal Stornelli sostuvo imputaciones delirantes contra los detenidos como “sedición” o “terrorismo”, y solicitó a la justicia que se les dicte la prisión preventiva. El instituto de la prisión preventiva tiene como objetivo evitar los llamados “peligros procesales” (peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación), y en la práctica suele aplicarse en caso de delitos graves con alta expectativa de pena. Bajo ningún aspecto podría ser sostenido en el caso de manifestantes que se encontraban en una manifestación pacífica en ejercicio de sus derechos constitucionales.
Luego de esta escalada represiva, el gobierno de Milei publicó un comunicado en el cual felicitó a las fuerzas de seguridad por “su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado”. Se trata de acusaciones paranoides delirantes que nada tienen que ver con la realidad política de nuestro país ni con la movilización del día miércoles, y que en cambio demuestran la vocación autoritaria y represiva de este gobierno.
Consideramos que la utilización de los términos “terroristas” y “golpe de Estado” para referirse a los manifestantes no es casualidad ni tampoco es un dato menor. Con este tipo de acusaciones, el gobierno busca crear de cara a la opinión pública un “enemigo interno” que no existe, con el objetivo final de imponer un “estado de excepción” o “gobierno policial” donde los derechos civiles y políticos y las garantías del derecho penal queden suspendidos, en nombre de una supuesta “seguridad ciudadana”: la seguridad para que las grandes empresas nacionales y trasnacionales realicen sus negocios, vacíen el Estado y saqueen los recursos económicos y naturales de los argentinos sin resistencias ni consecuencias.
A fecha de hoy, 16 de los 33 detenidos continúan alojados en cárceles federales, una situación de absoluta gravedad que vulnera las garantías elementales de un Estado democrático de derecho y recuerda los momentos más oscuros de la represión en nuestro país. En este contexto, el gobierno nacional criminaliza a los manifestantes y presiona a la justicia para que continúen detenidos, con el objetivo de enviar un mensaje disciplinador a las organizaciones políticas y en definitiva a toda la sociedad. Resulta fundamental visibilizar y denunciar esta situación irregular y seguir reclamando por la liberación de todos los detenidos y detenidas.
Tu perro, un perro cruel con la costumbre de no contentarse con los restos
Recientemente, el diario Página 12 denunció que la violencia represiva contra los manifestantes, que comenzó en la calle el día miércoles 12, continuó luego dentro de los establecimientos penitenciarios federales donde fueron trasladados. Uno de los detenidos relató su experiencia tras ser encarcelado: “Apenas entramos nos pusieron contra una pared y nos empezaron a tirar gas pimienta. Nos desnudaron y nos interrogaron. ¿Cuánto les pagaron por ir ahí, eh? ¿Y vos de qué agrupación sos?” Con estos testimonios queda en evidencia que en las distintas unidades penales a donde fueron trasladados los detenidos, todos pasaron por el mismo interrogatorio en el cual se les preguntó si participaban de alguna organización política. El hecho de que la misma pregunta se repita en los distintos establecimientos penales sugiere que existió una instrucción y una coordinación que provino desde arriba, con el objetivo de vincular estas detenciones arbitrarias a ciertas organizaciones opositoras y en definitiva de criminalizar la militancia política y democrática.
Recordemos que en 2023, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), a cargo de las cárceles federales de todo el país, fue trasladado desde la órbita del Ministerio de Justicia a la órbita del Ministerio de Seguridad, pasando a ser comandado por Patricia Bullrich. A su vez, Bullrich también comanda las fuerzas federales de seguridad: la Policía Federal (PFA), la Gendarmería (GNA), la Prefectura Naval (PNA) y la Policía Aeroportuaria (PSA). Este esquema representa una enorme concentración de poder punitivo en una sola persona, quien además posee una evidente pulsión represiva como se demostró en los últimos meses, la cual golpea sobre trabajadores, jubilados, hombres, mujeres y jóvenes por igual. Últimamente, Bullrich eligió como objetivo privilegiado de represión a las organizaciones políticas opositoras al gobierno, en un nuevo gesto de creciente autoritarismo.
Creemos que el objetivo del gobierno es sembrar el miedo para desmovilizar y fragmentar a nuestro pueblo, y así imponer su modelo de sociedad sin derechos y sin garantías, donde sólo unos pocos pueden gozar de un alto nivel de vida, mientras que las grandes mayorías se ven condenadas a la pauperización de su vida, a la precariedad laboral y a la falta de oportunidades. El proyecto neoliberal-libertario no es otra cosa que el gobierno autoritario de las corporaciones económicas, unificadas en una guerra abierta contra el trabajo, el salario, la salud y la educación. Se trata de un proyecto político y económico que no cierra sin represión.
Consideramos que esta avanzada represiva tiene por objetivo propagar el miedo y la paranoia en la sociedad, para así fragmentar nuestra comunidad y quebrar toda forma de resistencia colectiva frente al vaciamiento y a la entrega de nuestro país. Ante los intentos del gobierno por desmovilizar la sociedad, la mejor respuesta será aumentar los niveles de organización y coordinación política. Ante los intentos del gobierno por individualizar, aislar y fragmentar a nuestra comunidad, la mejor respuesta será seguir tendiendo lazos de unidad y solidaridad social. Ante los intentos del gobierno por mostrarse como una opción “liberal”, debemos seguir insistiendo en su carácter autoritario y represivo, que defiende una sola libertad: la libertad de hambrear al pueblo y saquear nuestro país.–
* Abogado, docente e investigador en Derecho-UBA y maestrando en Criminología en la UNL.
