Cada cual se calla una parte, vuelven a casa y se miran por TV
Hipocresía en los discursos sobre drogas y narcotráfico
Facundo Ceballos (Abogado UBA)
Tw: @facunceb
Cada cual se calla una parte
En estas últimas semanas, los medios de comunicación y las redes sociales se hicieron eco de los hechos de violencia y criminalidad ocurridos en la ciudad de Rosario. La cuestión del crimen organizado y especialmente la narcocriminalidad ocupó gran parte del debate público, mientras vemos en televisión periodistas y políticos hablando de este grave y preocupante problema. Pero ¿cuánto se dice y cuánto se calla?
En primer lugar, es notable cómo los medios de comunicación y los políticos de derecha insisten en construir una asociación entre el narcotráfico y la pobreza. En este sentido, encontramos por ejemplo los dichos de Miguel Pichetto, quien propuso como una “solución” contra el narcotráfico entrar a la villa y “dinamitar todo, que todo vuele por el aire”. El discurso de Pichetto no solo es clasista y repudiable por su apología al odio social, además es falso: ¿Realmente el narcotráfico se reduce a las villas? ¿O se trata de un circuito comercial mucho más amplio, que atraviesa y se extiende por todos los sectores sociales?
El abogado y especialista en política criminal Alberto Binder explica que para entender el funcionamiento de los delitos de contenido económico, como el narcotráfico y sus delitos conexos, es necesario entender primero el funcionamiento de los mercados ilegales bajo los cuales estos hechos se producen. La intervención sobre el problema no se debería abordar entonces desde el legalismo o el discurso moral, sino desde la economía y la política criminal, ya que estamos hablando de mercados ilegales.
En ese sentido, estamos acostumbrados a presenciar un discurso mediático y una política judicial y criminal dirigida generalmente contra el eslabón del “narcomenudeo”, es decir contra el eslabón de la distribución a pequeña escala de las sustancias. Pero Binder es claro en esto: los eslabones más bajos del mercado ilegal son los eslabones más fácilmente reemplazables, es decir los “fusibles” de las organizaciones criminales. Una política criminal enfocada contra los “tranzas” obliga a reemplazar estos engranajes, pero no obstruye la continuidad del negocio de producción, distribución y venta de drogas ilegales. Aunque sí les permite a la policía y la justicia inflar las estadísticas de persecución del crimen.
Además, ¿cuántas veces éstas detenciones son arregladas entre sectores de la policía y ciertas bandas criminales, con la finalidad de hacer caer en desgracia a su competencia? De esta forma, la persecución y detención de los eslabones inferiores de la cadena de distribución de drogas ilegales no solo no obstruye el negocio del narco, sino que hasta puede favorecer a ciertas bandas asentadas, quebrando su competencia comercial, y asegurándoles mercados cautivos. A la vez, le permite a los policías involucrados en el negocio la posibilidad de regular el mercado a partir de un control discrecional sobre la oferta y de múltiples formas de asociación con las organizaciones criminales, bajo un esquema de coadministración; o directamente la administración policial del negocio del narcotráfico (esquema narco-policial).
Cada cual se queda una parte
La cuestión es muy compleja. La prohibición de sustancias psicoactivas es un diseño legal establecido por la Ley N° 23.737, sus modificatorias y el Decreto 560/2019. Este esquema legal-normativo da forma a un particular esquema de negocios, beneficioso para muchos sectores:
1) Para las organizaciones criminales directamente dedicadas a la producción, distribución y venta de narcóticos: La ilegalidad y consecuente limitación de la oferta de drogas, en combinación con una demanda constante y extendida produce precios más elevados, y en consecuencia grandes ganancias para el narcotráfico. Además, la ilegalidad impide el control y la regulación estatal de la producción, a la vez que evita a los ofertantes tener que pagar impuestos..
2) Para sectores del Estado vinculados o asociados al narcotráfico: Es el caso de sectores corrompidos de la policía o el servicio penitenciario que participan de eslabones específicos del mercado de drogas; o el caso de sectores de la justicia, el ministerio público o la política que se ven beneficiados del negocio, ya sea mediante el cobro de coimas o “peajes”, o de otro tipos de retribuciones. O el caso de sectores del Estado que directamente han sido infiltrados, corrompidos o “colonizados” por las organizaciones narcocriminales.
3) Para las empresas dedicadas al blanqueo de los recursos provenientes del narcotráfico, es decir, las sociedades que ingresan al mercado legal aquellos activos de origen ilegal (lavado de activos). El dinero del narcotráfico es ingresado a la economía legal a través de distintas empresas que operan el lavado de dinero, entre ellas empresas financieras, inmobiliarias, constructoras y concesionarias. Volviendo a Rosario, Marcelo Saín –profesor, investigador de política criminal y exministro de Seguridad de Santa Fe– lo explica de forma elocuente:
“La plata del narcotráfico se lava en el circuito financiero de Rosario. Las grandes financieras, muchas de ellas renombradas, son financieras donde canalizan los recursos del lavado de dinero. Santa Fe tiene una economía muy pujante, segunda economía provincial de la Argentina. Economía real: economía industrial, economía agropecuaria, economía de servicio. Ahora, hay una economía negra, de esa economía real, muy importante. Y se ha creado una burguesía –particularmente en Rosario– que está abocada a gestionar esa economía negra. Y ahí, hubo un momento en el cual la canalización de recursos del narcotráfico fue sin miramientos. Y las inversiones, sin conocer el origen de los fondos, con fuerte convalidación también de la intendencia de Rosario –durante las gestiones socialistas, y durante la actual–. ¡Inversiones inmobiliarias!”
Entre los mecanismos de lavado de activos más utilizados por el narcotráfico en los últimos años se encuentran las llamadas S.A.S.: Sociedad por Acciones Simplificada. Este nuevo tipo societario fue creado por el artículo 33 de la Ley N° 27.349, durante el gobierno de M. Macri. Las sociedades simplificadas representaron un vehículo legal desformalizado y rápido, y por lo tanto adecuado para las operaciones de lavado de activos de origen ilegal. En este sentido, el juez de la Corte Suprema de Santa Fe Daniel Erbetta advirtió recientemente en Rosario:
“La dimensión financiera de esta trama delictiva (el narcotráfico) es clave. Porque las ganancias de estos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia. Financieras, empresas de diversos rubros, reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a S.A.S., fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales.”
Desde este punto de vista, no parece tan inocente una legislación penal de drogas, una política criminal y un discurso mediático dirigidos específicamente contra el “narcomenudeo”. Tampoco es inocente un discurso mediático y político que insiste en asociar el muy extendido mercado del narcotráfico exclusivamente con ciertos sectores vulnerables marginales de la sociedad. Esta asociación tiende a invisibilizar la participación en el negocio de otros sectores sociales y económicos de peso, siendo por tanto funcional a sus intereses económicos y políticos de largo plazo.
Pero así como beneficia a muchos sectores, también perjudica a muchos otros. Entre ellos, los sectores sociales más marginales que son “reclutados” por las organizaciones criminales, y terminan siendo sus eslabones reemplazables o fusibles. También los habitantes de estos barrios, que soportan cotidianamente la violencia, la muerte y la desintegración de la comunidad.
Además, se ven claramente perjudicados los consumidores. En el contexto del prohibicionismo, aquellos que consumen sustancias ilegales están realmente desprotegidos, y se llevan la peor parte, asumiendo costos elevados, riesgos concretos de seguridad personal, y principalmente arriesgándose a consumir sustancias de dudosa calidad o incluso sustancias adulteradas y potencialmente mortales, sin ningún tipo de prevención sanitaria ni protección legal. Además, el prohibicionismo coloca al consumidor en una situación de ilegalidad y de sospecha moral, careciendo así de todo tipo de representación en el debate público y mediático.
La peor parte se la llevan, dentro del universo de consumidores, aquellos en situación de vulnerabilidad social y/o económica: Mientras que los consumidores con buena posición económica tienen acceso a sustancias de mayor calidad, los consumidores más pobres sufren en su cuerpo y en su mente las consecuencias de sustancias de pésima calidad: para el que tiene recursos, cocaína; para el que no los tiene, pasta base. El prohibicionismo produce un esquema de negocios peligroso, dañino, violento y, por si fuera poco, clasista.
Pero el problema es más complejo: el narcotráfico ya funciona, especialmente en los barrios más pobres, como una oportunidad rápida y viable de ascenso social y económico, como un elemento de jerarquización individual y cierta forma de status social. Esto vuelve mucho más complejo el problema por la inserción social y territorial de la economía narco, como pasa en muchas localidades y especialmente en Rosario, donde termina imponiéndose como una especie de “integración social”. Dice Saín:
“La violencia en Rosario se desenvuelve en el 15% del territorio de la ciudad. Absolutamente georreferenciado, se conoce, sí. Pero son los barrios olvidados socialmente, los barrios olvidados por la política desde hace décadas. Son barrios extremadamente precarios, donde hay una suerte de gobierno de la economía criminal, donde muchos chicos entran allí como una forma de integración social. Lo que nosotros conseguíamos con la escuela y el trabajo, estos chicos lo consiguen con el crimen.”
Consideramos que el actual esquema de prohibición de las drogas no tiene una explicación moral o legalista; sino que se explica a nivel económico por los múltiples beneficios que genera, no solo para sectores de poder nacionales mencionados sino también a nivel del mercado internacional: Mientras que los países productores de drogas ilegales de Sudamérica cargan con la violencia y las enfermedades sociales derivadas del narcotráfico, los países centrales como EE.UU. se quedan con la mayor parte de las rentas del negocio, debido al mayor precio de las drogas y a la mayor cantidad de consumidores. Estas rentas terminan ingresando, mediante el lavado de dinero, a las economías de los países centrales, y no a las economías productoras subdesarrolladas. Además, la política prohibicionista y el discurso de la Guerra contra las Drogas le permite a las agencias gubernamentales de EE.UU. injerir en la política y economía de los países productores, como hace la D.E.A.
Por eso, creemos que sería importante que quienes integran los medios de comunicación y los organismos de gobierno, con la responsabilidad que implica su posición, comiencen a abordar el problema desde su realidad concreta. Para esto, tenemos que tener en cuenta la voz de especialistas en política criminal y seguridad ciudadana como son Alberto Binder o Marcelo Saín, y pasar a atacar las causas de este grave problema. Pero para esto hace falta dejar de lado la hipocresía y la comodidad de repetir lugares comunes y estereotipos falaces, que son útiles solamente para legitimar el actual diseño legal prohibicionista, que persigue slo a un sector del mercado, mientras que el resto se beneficia.
