Otra vez la misma música
Por Federico Kaniucki
Quiero tomarme unos minutos para poder responder en profundidad un concepto que surge de la nota firmada por Miguel Ángel Pichetto, José Luis Espert y Eugenio Burzaco.
Es saludable para el desarrollo de las capacidades militares y el despliegue de las misiones principales y secundarias de nuestras Fuerzas Armadas que parte de la política argentina –y en este caso dos personas que fueron hasta hace poco tiempo precandidatos a presidentes de la Nación– tomen el tema de Defensa como una materia atendible y que requiere una mirada y profundización. Sin embargo, a título de la coyuntura política actual, nacional y regional, resulta sumamente preocupante que haya tal desconocimiento –seguramente adrede– al buscar afianzar una noticia amarillista sobre las condiciones actuales del material y el personal de nuestras FF.AA. y sobre la normativa vigente.
Quiero concentrarme en el punto quizás central de la nota –por su contexto y por dónde es publicada–. En la carta, los autores señalan al pasar uno de los debates principales del pensamiento estratégico en el ámbito de la Defensa y seguridad nacional: la participación activa del instrumento militar en la seguridad interior.
A las argentinas y argentinos, y a nuestras fuerzas armadas, les costó muchísimos años poder establecer cierto criterio ordenado de funcionamiento: poder contar con un ciclo de planificación y planeamiento que establezca las prioridades, que identifique las tendencias geopolíticas regionales y mundiales; que permita elaborar con un alto grado de sistematicidad el desarrollo de sistemas de armas nacionales, de una industria para la Defensa competitiva y eficiente; que encuentre los canales para permitir el financiamiento y el reequipamiento militar para la modernización y doctrina; y un largo etcétera. El desarrollo de estos criterios requirió de muchos años de idas y vueltas en el sentido propio de la organización del Instrumento Militar. No exclusivamente por responsabilidad del nivel estratégico militar –el Estado Mayor Conjunto–, sino mayormente por la conducción política del mismo, es decir, las gestiones al frente del Ministerio de Defensa de la Nación
Los argentinos pudimos dar el puntapié inicial sobre qué es la Defensa Nacional y cuál es el rol y las tareas de las fuerzas armadas en 1988 con Alfonsín y la ley de Defensa Nacional. En ese texto legal quedó claro que las fuerzas armadas tienen como función repeler y actuar en el caso de una amenaza externa. De esta manera, queda registro en nuestro plexo legal que las FFAA tienen como misión principal el empleo sólo en el caso de una amenaza externa.
Por si esto fuera poco, en el año 2006, en pleno gobierno de Néstor Kirchner, se reglamentó finalmente la ley de Defensa Nacional, la cual profundizó el concepto del enemigo que enfrenta la Defensa Nacional, explayándose de manera inequívoca en su primer artículo: “Se entenderá como ‘agresión de origen externo’ el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.” Es decir, el objeto principal de las fuerzas armadas es enfrentar a un “AEME”: Agresión Estatal Militar Externa.
En esta nota, los autores señalan que “los gobiernos kirchneristas siempre buscaron someter a las Fuerzas Armadas” a sus intereses partidarios, “vaciando la función principal que tienen en la defensa de la soberanía nacional”. Sin embargo, también durante el gobierno de Néstor Kirchner se impulsó entre otras cosas la Directiva sobre Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas, que profundiza aún más la misión principal de nuestro instrumento militar, sosteniendo que deben persuadir, conjurar, y disuadir cualquier amenaza militar estatal externa. De tal modo, para potenciar la Defensa Nacional, y por un respeto irrestricto a la ley argentina, a los pactos internacionales y a la Constitución Nacional, las fuerzas armadas deben solamente destinarse a los fines señalados, no interviniendo, de ningún modo en las políticas de seguridad interior.
Sin embargo –y en todo caso así lo dispone también la ley–, las fuerzas armadas pueden, de manera absolutamente excepcional, participar de operaciones en el marco de la seguridad interior. ¿De qué manera? En el caso de un Estado de Sitio, tal como indica la ley de seguridad interior sancionada en 1990, luego de la última intentona carapintada contra el gobierno democrático de Carlos Saúl Menem. Este concepto es central porque nuestra legislación así lo prevé: es sólo en los casos en los cuales el Presidente de la Nación decrete el Estado de Sitio que las fuerzas armadas pueden desplegar en el terreno unidades de combate de fuerzas de despliegue para la seguridad interior.
En nuestro país –porque así lo determina la Ley de Seguridad Interior– las fuerzas armadas no adquieren sistemas de armas, material, elaboran doctrina o imparten capacitación a sus miembros para el combate de connacionales, es decir, para realizar tareas de seguridad interior. Esto es marcadamente definitorio porque dista de doctrinas y empleos de fuerzas armadas regionales, como sucede por ejemplo en México o en Colombia, donde las fuerzas armadas son una parte de la “lucha contra el narcotráfico”, con consecuencias conocidas para todos.
Quiero terminar con el contexto en el cual se inscribe esa nota, y de parte de quiénes viene firmada: No es casualidad que a poco de las PASO haya, desde el sector de Juntos por el Cambio, una asonada para reinsertar este debate en la vida publica. Tanto Pichetto como Burzaco y Espert son parte de la interna que enfrenta a Larreta con Bullrich, siendo ellos alfiles del Jefe de Gobierno de la Ciudad. El Jefe de Gobierno lleva –casualmente– al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, como candidato a Vicepresidente; el cual está deteniendo de manera ilegal a abogados, trabajadores, miembros de pueblos originarios y estudiantes que se manifiestan en la provincia. A esto se le suma que la participación de las FFAA en la seguridad interior es un concepto ampliamente trabajado por los think tanks norteamericanos e impartido por el Comando Sur de los Estados Unidos, con la General Laura Richardson a la cabeza. En este contexto, la nota es publicada el “House Organ” de la embajada de los Estados Unidos: Infobae.
Larreta y Juntos por el Cambio, cuando hablan de “terminar con los piquetes y con las movilizaciones como las que suceden ahora en Jujuy”, ¿están pensando en declarar el Estado de Sitio? ¿Quieren utilizar a las fuerzas armadas –que son totalmente contrarias a la pérdida de recursos, tiempo y ejercitaciones para su misión principal, la Defensa Nacional contra agresores externos– en tareas policiales? Por el contexto desarrollado, por quiénes firman la nota, y por el lugar en el que fue publicada, debemos estar alertas sobre las intenciones de un sector altamente convocante de la política –como es el de JxC–, y debemos aferrarnos fuertemente a nuestro Estado de derecho en defensa de la legislación vigente.
