De periodistas, jueces y policías

Nuevos formatos autoritarios en la Argentina del 2022

Por Facundo Ceballos (Abogado UBA) | Twitter

Mucha tropa riendo en las calles
con sus muecas rotas cromadas
y por las carreteras valladas
escuchás caer tus lágrimas.

Ya pasaron 33 años desde la publicación de Bang! Bang!… estás liquidado, el cuarto álbum de estudio de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.. Sin embargo, sus letras parecen escritas en la Argentina de 2022. Nuestros amos siguen jugando a los esclavos, mientras que las heridas históricas de nuestro país se siguen abriendo, en forma de injusticia, en forma de violencia política y creciente represión.

En los últimos meses se produjo en la Argentina una escalada de discursos reaccionarios y de odio de clase. Estos discursos son emitidos principalmente por ciertas empresas mediáticas de ideología neoconservadora, abocadas a la creación de un sentido común disciplinario y funcional a sus intereses comerciales. Luego, son reproducidos y retroalimentados, como un “eco conveniente”, por los viejos sectores de derecha enquistados en la representación política, el poder judicial de la nación, y el ministerio público fiscal. El circuito comunicacional medios-política-justicia cobra cada vez más fuerza, contribuyendo a la gestación de discursos antidemocráticos y prácticas autoritarias. Un buen ejemplo de este fenómeno lo constituyen los dichos del famoso periodista radial Marcelo Longobardi, quien hace un año alertaba (y promovía): “Vamos a tener que formatear a Argentina de un modo más autoritario para poder manejar semejante descalabro. Y para mí este es el tema muy de fondo en la Argentina.”

La difícil situación económica y social que atraviesa nuestro país hace años, provocada por el empobrecimiento y el endeudamiento macrista y agravada por la irrupción de la pandemia y sus efectos; así como la creciente polarización que atraviesa nuestra cultura política; parecen ser “caldos de cultivo” adecuados para la recepción de estos discursos de odio en una sociedad civil cansada y frustrada. La saturación de los discursos mediáticos que fomentan la paranoia, el miedo y la intolerancia política, sumado a un contexto social y económico difícil, contribuyen a la gestación de un clima político enrarecido, bajo el cual ciertos sectores buscan configurar “chivo expiatorios” o “enemigos internos”, sobre los cuales descargar y proyectar las culpas de la actual situación. 

La persecución y encarcelamiento de sindicalistas, empresarios y políticos opositores  por parte de los gobiernos macristas nacional y bonaerense (2015-2019), así como el desarrollo de una red subterránea de espionaje ilegal sobre dirigentes “molestos”, constituyeron de cierta forma una precuela del clima político actual, caracterizado por la instalación de un “estado de sospecha” y por la creciente intervención de agencias judiciales y policiales sobre esferas propias de la actividad política democrática. 

Posteriormente, los movimientos populares y sus dirigentes fueron víctima de estos discursos de intolerancia: los y las militantes de organizaciones sociales fueron caracterizados a diestra y siniestra con calificativos despectivos como “planeros”, al tiempo que se clamaba desde el periodismo más conservador y sectores de la derecha política por su urgente represión y disciplinamiento. De esta forma, se descargaron viejos prejuicios sociales discriminatorios sobre lxs dirigentes y militantes de movimientos populares; situación que fue aprovechada incluso por sectores de la dirigencia partidaria del movimiento popular, en una actitud cortoplacista que quizá no previó la posterior extensión y generalización de estos discursos de descalificación y criminalización sobre la totalidad de la militancia política popular, y no solo sobre la militancia de los movimientos sociales.

En un segundo momento, estos discursos se proyectaron decididamente sobre la máxima dirigencia política peronista, especialmente sobre la figura de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. La coordinación y articulación de sectores mediáticos, políticos, judiciales y de inteligencia con fines de disciplinamiento político; el “armado” de causas penales irregulares, y demás mecanismos incluidos en el denominado “lawfare” o “guerra policial”, fueron llevados de esta forma a otra escala.

A través de los mecanismos del lawfare, el poder económico, mediático y judicial pretende ubicar a los dirigentes políticos populares fuera de la ley. Para ello, los traslada, de las instituciones ejecutivas y legislativas que les son propias, al circuito juez-fiscal-policía: del rol de dirigente político al rol de imputado. Así se desnaturaliza la función política, en un gesto de amenaza y disciplinamiento contra la participación democrática en general. La denuncia mediática y la denuncia judicial se retroalimentan entre sí, y a través de su desarrollo paralelo buscan contaminar al político, sembrando la “sospecha moral” sobre su figura y sobre su partido. Luego, el “estado de sospecha” se extiende también sobre las políticas públicas que estos dirigentes implementaron. Con el traslado de sus adversarios de la esfera política a la esfera policial, el poder real (mediático-político-judicial) degrada y restringe la democracia.

En este sentido, vemos que se seleccionó la figura de CFK como el blanco privilegiado de “la justicia como arma”. Quizá se buscó replicar la bochornosa causa judicial armada contra Lula Da Silva y su posterior encarcelamiento, lo cual le impidió competir en las elecciones presidenciales brasileñas, aún siendo el principal candidato. En estos casos, consideramos que la selección de Cristina y de Lula como blancos privilegiados del ataque mediático-judicial, no responde solamente a sus características individuales o personales, sino principalmente a lo que estas figuras representan: las caras visibles de gobiernos populares, es decir, de procesos sociales y políticos colectivos caracterizados por la inclusión de amplios sectores a la vida social y política y por la ampliación de derechos políticos, económicos y culturales. Tanto en un caso como en el otro, se observan procesos crecientes de criminalización de la participación democrática en sus distintas expresiones: política, sindical, social, cultural. Esta desacreditación y criminalización llega a extremos ridículos y a la vez alarmantes cuando funcionarios del ministerio fiscal pretenden caracterizar un gobierno democrático como una “asociación ilícita”.

En este contexto, observamos el avance de sectores del poder judicial sobre facultades que le están vedadas por el derecho argentino. El mejor ejemplo de esto fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia de derogar la ley del Consejo de la Magistratura vigente, y de reemplazarla por una ley derogada hace años. Mediante este acto inconstitucional, ilegítimo e inédito, la Corte decidió legislar, desplazando así a los representantes electos del Congreso del ejercicio de sus facultades constitucionales. Por si esto fuera poco, la ley que la Corte decidió resucitar es –oh, casualidad– la que regula los mecanismos de control y auditoría dentro del propio poder judicial. De esta forma, los jueces se erigen en un poder político que se controla a sí mismo, ubicándose fuera del alcance del control democrático. En la actualidad, la Corte Suprema de Justicia, y los tribunales federales de Comodoro Py representan dos centros de concentración de poder político alarmante, los cuales se posicionaron a sí mismos como una “instancia de control de la política”, especialmente en causas de corrupción, que se encuentra, por lo tanto, por encima de los poderes ejecutivo y legislativo, es decir por encima de los dos poderes elegidos por el pueblo.

La falta de legitimidad democrática no representa un problema para estos sectores enquistados en el poder judicial, sino más bien uno de sus rasgos más definidos y constantes en el tiempo. Es suficiente con recordar que todos los golpes de estado en nuestro país fueron avalados, con distintas excusas, por la Corte Suprema, la cual lamentablemente se ha erigido, durante largos períodos de nuestra historia, en un elegante custodio de los intereses económicos y políticos del poder real, en el cual se incluye, por supuesto, la llamada “familia judicial”. Además, los intereses mutuos y los numerosos  vínculos e intercambios ilícitos producidos entre sectores del poder judicial y sectores del poder económico se ven favorecidos por el actual diseño y organización judicial, caracterizado por presentar una estructura judicial verticalista, ultra burocrática, opaca y cerrada; con gran discrecionalidad judicial y mínimos mecanismos de auditoría o contralor.

Entre estos vínculos incluimos: sectores empresarios que presionan sobre jueces para obstruir la implementación efectiva de leyes y políticas públicas; sectores judiciales que funcionan como verdaderos operadores de grupos empresariales (es el caso de Rosenkrantz y el Grupo Clarín); funcionarios judiciales y del ministerio fiscal que “arman” causas contra gremialistas y dirigentes sociales; sectores de los servicios de inteligencia que cobran favores a funcionarios judiciales de la justicia federal, entre otros. Vemos que el carácter “democrático” del poder judicial es por lo menos discutible, no solo por la falta de mecanismos propiamente democráticos al interior de este poder, sino también por la vigencia de circuitos de poder subterráneo, conocidos como “los sótanos de democracia” o “sottogoverno”, los cuales siguen operando por debajo y por detrás de estas instituciones.

Formidables guerreros en jeeps, los titanes del orden viril

Foto: EFE

Este panorama de avances antidemocráticos y “formato autoritario” es completado por las últimas intervenciones y operativos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la cual actúa como una verdadera policía política del Pro, abocada a amenazar e intimidar a la militancia política democrática, con procedimientos irregulares e ilegales. Para graficarlo, es suficiente recordar dos momentos muy definidos: 

En primer lugar, el despliegue y desarrollo de un procedimiento policial de ocupación territorial y vallado alrededor de las inmediaciones del domicilio personal de la Vicepresidenta de la Nación. Si bien este operativo se planteó como una forma de proteger a CFK, rápidamente se materializó en un gesto de intimidación y disciplinamiento contra los militantes de su espacio político. A lo largo de este operativo, la policía de la CABA se dedicó a amedrentar y reprimir a los militantes políticos, ejerciendo un control territorial ilegítimo, a través de distintos procedimientos policiales antidemocráticos, que recuerdan las peores épocas de nuestra historia reciente. La policía de la Ciudad llegó a filmar a los militantes desde casas particulares, violando de forma escandalosa la Ley de Inteligencia Nacional (Ley N° 25.520, art. 11). Por si eso fuera poco, procedió a la individualización de los dirigentes políticos que acudieron al domicilio de la Vicepresidenta, detallando con precisión quiénes podían ser detenidos y quiénes no. Consideramos este operativo policial como una amenaza del poder real contra la participación democrática y la militancia popular. Cabe destacar que este avance policial autoritario del gobierno porteño sobre los derechos políticos de la sociedad civil todavía no fue repudiado por los sectores auto percibidos como “republicanos”. 

Poco después de la finalización del operativo policial porteño en el domicilio de CFK, y posteriormente a la decisión judicial que ordenó al gobierno de la CABA ceder el manejo de dicho operativo a las fuerzas federales de seguridad, se produjo el intento de atentado contra la vida de la Vicepresidenta, un hecho de violencia política extremadamente grave y sin antecedentes directos en los últimos años de vida política argentina. “Las palabras preceden a los hechos”: sin quitarle ninguna responsabilidad a los autores de este atentado, el clima de odio y violencia política generado por distintos medios de comunicación y dirigentes políticos de derecha con anterioridad a dicho suceso representó, por lo menos, un marco propicio que contribuyó a la materialización de un hecho de estas características.

Actualmente, en el contexto de las “tomas” de escuelas por parte de estudiantes secundarios, las cuales se inscriben en el derecho constitucional de la protesta y la participación democrática, observamos nuevos procedimientos antidemocráticos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión, el Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, mandó a su policía política a “fichar” o individualizar a los militantes políticos menores de edad que impulsan estas medidas de fuerza, en una actividad disciplinaria e ilegítima, incompatible con los valores democráticos y republicanos. Por si fuera poco, la Policía porteña se dirigió posteriormente a los domicilios particulares de las familias de los militantes estudiantiles, en un claro gesto de intimidación y estigmatización, a través de procedimientos de supuesta “notificación de violaciones a la normativa contravencional”, los cuales se realizaron de forma irregular, injustificada, y en horario nocturno. Estos procedimientos policiales representan un nuevo mensaje antidemocrático de amenaza a la militancia política, que en este caso se agrava por tratarse de estudiantes menores de edad. Por ahora, estas medidas autoritarias no fueron repudiadas por los sectores auto denominados “democráticos y republicanos”, ni siquiera por los militantes del “partido centenario” que se caracteriza, hasta el día de hoy, por su extendida militancia estudiantil universitaria. 

En suma, observamos con preocupación estos crecientes avances autoritarios y antidemocráticos, dirigidos a cercenar y restringir la participación política y la militancia. El contexto global no es esperanzador en este sentido: asistimos al crecimiento de fuerzas políticas ultraconservadoras y antidemocráticas en distintas geografías del mundo. Sin embargo, nuestro país destaca a nivel mundial por las luchas de nuestro pueblo en pos de sostener la democracia y los derechos a cuestionar la realidad y a organizarse políticamente para transformarla. Con esta nota buscamos concientizar sobre estos nuevos formatos autoritarios, así como reafirmar la necesidad de fortalecer la organización política y la militancia democrática en este contexto.